Los directores de las siete Secretarías Provinciales de la Procuraduría de la Administración rindieron hoy un informe de su gestión desde el 2015 a la fecha ante el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, como parte de los objetivos de la institución de ser garante de la fiscalización del uso de los fondos estatales derivados de la Ley 66 de Descentralización hacia los 649 corregimientos del país.
Esta rendición de cuentas de las Secretarías Provinciales de Coclé, Colón, Chiriquí, Darién y Panamá Este, Herrera, Los Santos y Veraguas, fue el punto central de la primera reunión del 2020 efectuada por el Comité Ejecutivo de esta institución del Estado.
El procurador González Montenegro solicitó a los encargados de la Secretarías Provinciales un resumen detallado de los aportes realizados por estos despachos en la identificación de problemas que aquejan a las distintas comunidades y las soluciones brindadas con la participación ciudadana y autoridades civiles en beneficio de los afectados.
” No buscamos suplantar ninguna autoridad civil, pero si tenemos la obligación, junto con la participación ciudadana, de fiscalizar que los servidores públicos cumplan con lo establecido en la Ley de Descentralización” enfatizó
Los secretarios provinciales también explicaron los proyectos desarrollados y que están por ejecutarse en conjunto con los líderes comunitarios debidamente identificados de los distintos sectores donde se desarrollan estas obras.
El Procurador de la Administración resaltó la importancia de sumar a personal idóneo de las diferentes regionales de la Universidad de Panamá y Universidad Tecnológica que tienen sedes en las provincias donde operan las secretarías como asesores y orientadores de futuros proyectos comunitarios.
La Secretaria General y Procuradora Suplente, Mónica Castillo Arjona, de igual forma exhortó a los funcionarios provinciales a utilizar todos los recursos necesarios para cumplir con esta labor en especial poner en ejecución las Juntas de Desarrollo Local como apoyo sustancial para cumplir metas y objetivos sociales planificados en beneficio de las comunidades.
Cristina Díaz, Secretaría de Asuntos Municipales ilustró a los participantes sobre los antecedentes de las propuestas presentadas por la Procuraduría de la Administración para la implementación de la Ley 37 de 2009 y modificaciones contempladas en la Ley 66 de octubre de 2015 sobre Descentralización de la Administración Pública y fortalecimiento a los gobiernos locales, en especial la inclusión de la voz ciudadana como garante en la transparencia de rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos.
