El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro y el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, refrendaron un Convenio Marco que establece vínculos de colaboración, cooperación e intercambio para coordinar acciones que fortalezcan los programas y acciones que contribuyen al perfeccionamiento de ambas instituciones relacionados al ejercicio idóneo de la mediación como mecanismo alterno para la solución de conflictos ciudadanos y la protección y defensa de los derechos humanos.
Este documento, que se enmarca dentro de la Constitución Nacional y leyes vigentes en la materia, se formalizará a través de Acuerdos, Proyectos, Adendas a otros, que serán anexados al presente instrumento.
En ellos se especificarán los siguientes aspectos: Definición del objetivo que se persigue, descripción de las responsabilidades de cada una de las partes.
Además se incluye la definición de responsables por cada una de las instituciones y de las cargas financieras que corresponderán a cada una de las partes presentes en este Convenio Marco.
Como parte de las obligaciones se establece que la Procuraduría de la Administración y la Defensoría del Pueblo facilitarán el uso de sus instalaciones, en especial de los Centros de Mediación Comunitaria y cualquier otro recurso que sea necesario, para el desarrollo de las acciones programadas en la ejecución de este acuerdo.
