La abogada colombiana y defensora de la libertad de expresión y derechos humanos, Catalina Botero y el ex fiscal del Ministerio Público y catedrático universitario, Eduardo Guevara, fueron los oradores de honor de la conferencia titulada “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Libertad de Expresión y su relación con otros derechos convencionales como la honra y de derecho de respuesta”.
Este conversatorio fue organizado por el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría de la Administración, el Consejo Nacional de Periodismo y la Cátedra UNESCO, sobre la Libertad de Expresión de los Andes y la Universidad de Columbia, con el objetivo principal de acceder a un mayor conocimiento de estos derechos fundamentales, sus protecciones, leyes que las rigen, sus aplicaciones legales y sus limitaciones.
Botero, quien realizó su intervención de manera virtual, al referirse al contenido de la Convención Americana, recalcó que la “libertad de expresión es una lupa que está vigilando permanentemente a los que quieren abusar del poder”. Calificó que “peligroso” las decisiones legales que implican la incautación de bienes a periodistas y Medios de Comunicación Social y condenas como represalias por denuncias por delitos contra el Honor.
“No se puede aplicar estas medidas como una especie de castigos a los medios, porque se estaría vulnerando la libertad de expresión” sostuvo Botero.
También dijo que los comunicadores y medios de comunicación, tienen la obligación de hacer las debidas rectificaciones cuando se demuestra que la información publicada carece de veracidad, pero recalcó que estos se deben publicar en condiciones de equidad y proporcionalidad con respecto a la prominencia que tuvo noticia cuestionada.
La directora del proyecto Columbia Global Freedom Of Expresion de la Universidad de Columbia, fue enfática en señalar que “nunca se debe usar el Derecho Penal para restringir la libertad de expresión”. Por su parte, Guevara hizo un amplio análisis del Sistema Integrado de Protección de los Derechos Fundamentales y su reconocimiento por el Estado Panameño en la Constitución Nacional. Además de las repercusiones penales y civiles de los casos en Panamá que tratan sobre los delitos contra el honor y en especial donde se involucran a periodistas y medios informativos, escritos, radiales, televisivos y de redes sociales.
El ex fiscal dio a conocer estadísticas actualizadas del Ministerio Público en la que señalan que se mantienen abiertos 586 expedientes por estos delitos contra el honor de los cuales 81 involucran a medios de comunicación sociales. También informó que a nivel de la jurisdicción civil hay 40 procesos en trámites contra comunicadores y empresas de comunicación social, y en las cuales existen demandas por reclamaciones de 13 millones de dólares en total.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, destacó la importancia de debatir el tema de la libertad de expresión y derechos fundamentales indicando que “No puede existir la Democracia sin derechos fundamentales y sin libertad de expresión” por lo que agradeció a los conferencistas su participación en esta actividad.
Raquel Robleda, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo de Panamá, le correspondió el cierre del evento.
