En el Hotel Radisson Decapolis, se llevó a cabo un taller de capacitación para funcionarios sobre los aspectos prácticos y procedimentales para el uso del mecanismo de soluciones amistosas, a cargo de la sección de Soluciones Amistosas y Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que participó la Mgtr. Mónica Castillo Arjona, secretaria general de la Procuraduría de la Administración, entre otras instituciones encargadas de la negociación y ejecución de los acuerdos de solución amistosa en Panamá.
En este Taller se incorporaron elementos procedimentales teórico-prácticos del mecanismo de soluciones amistosas a la luz del marco normativo que lo regula, incluyendo herramientas técnicas de negociación y aplicación casuística de la información suministrada, y un simulacro práctico de las actividades que deben adelantarse para llegar a una solución amistosa.
Algunos de los temas del entrenamiento fueron: Sistemas adversariales y no adversariales de resolución de conflictos; Naturaleza y características del mecanismo de solución amistosa; Creación y evolución del mecanismo de soluciones amistosas; El rol de la CIDH en el proceso de solución amistosa; entre otros.
Se contó con la participación como expositora de la Licda. María Caludia Pulido, coordinadora de la sección de Soluciones amistosas y seguimiento (SSAS) y Erika Montero, abogada especialista en Derechos Humanos.
El mecanismo de soluciones amistosas permite generar espacios de diálogo entre peticionarios y Estados, donde éstos puedan alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto.
En las últimas décadas, gracias a los buenos oficios de la Comisión, peticionarios y Estados han firmado acuerdos de solución amistosa en decenas de casos relativos a alegadas violaciones a los derechos humanos, de los cuales, a julio de 2015, 121 han sido objeto de un informe de homologación por parte de la CIDH.
Estos acuerdos, además de procurar una reparación para las presuntas víctimas del caso concreto, han permitido que se adopten medidas con amplios efectos estructurales a nivel de todos los sectores de intervención pública, como modificaciones legislativas, implementación de políticas públicas, y programas de servicio de la comunidad.
Fuente: http://www.oas.org/es
