El procurador de la administración Rigoberto González Montenegro, informó que esta institución, a través de la Secretaría de Consultas y Asesoría Jurídica, han atendido una serie de denuncias, quejas administrativas y solicitudes interpuestas por la ciudadanía contra servidores estatales sobre actividades públicas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en el país.
Cumpliendo con las atribuciones que le confiere la Constitución Política y la Ley 38 de 2000 de fiscalizar la conducta oficial de servidores públicos, el procurador González Montenegro indicó que durante este período se están tramitado ocho (8) expedientes por denuncias, quejas y solicitudes que contienen supuestas conductas que se relacionan con sobrecostos para la adquisición de artículos, ventas de títulos valores, irregularidades en licitaciones y aplicación de norma legales, incumplimientos de deberes, y acoso laboral, cuyas investigaciones preliminares tienen como finalidad acreditar elementos que permitan determinar si las mismas pueden llegar a constituir responsabilidad disciplinaria atribuible a algún servidor público.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA
Los asesores jurídicos de esta institución analizan el informe explicativo rendido por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social (CSS) solicitado por el procurador González Montenegro como parte de la petición que presentó el abogado Ernesto Cedeño donde se pide una rendición de cuentas al Director de la Caja de Seguro Social y a su Junta directiva, por supuesto incumplimiento de las normas de trasparencia en relación con una propuesta de venta gradual de títulos valores del Subsistema de Beneficio Definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
VIAJE DE DIRECTIVOS DE CSS A MÈXICO
De manera oficiosa se inició una gestión preliminar que tiene como objetivo indagar sobre las denuncias que han aparecido en distintos medios de comunicación sobre posibles irregularidades que involucran a tres (3) integrantes de la Junta Directiva de la CSS, quienes viajaron a México para conocer sobre el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos en instituciones públicas.
HOSPITAL MODULAR
Se ordenó mediante Resolución No. DS-102-2020 de 26 de mayo de 2020, la acumulación de la denuncia presentada por la Fundación Conciencia Ciudadana al expediente contentivo de la denuncia interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño contra el Ministro de Obras Públicas, Ing. Rafael José Sabonge Villar, y que guardan relación con el Hospital Modular “Panamá Solidario”.
Dentro de esta investigación, la Procuraduría de la Administración ha solicitado varios informes a los actores involucrados, como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud como parte de este expediente. Además se solicitó a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos una información adicional que puede ayudar a esta investigación.
SUPUESTOS SOBRECOSTOS
El Presidente delegado del Patronato del Hospital Santo Tomás deberá remitir a la Procuraduría de la Administración un informe detallado y explicativo por la denuncia de supuestos sobrecostos para la adquisición de mascarillas en el Hospital Santo Tomás relativas a la pandemia de COVID 19.
DENUNCIA CONTRA LA CSS
Se recibió una denuncia contra dos (2) facultativos de la CSS, por la supuesta inobservancia del deber de cuidado e impericia, en la atención de un paciente que falleció.
QUEJA CONTRA FUNCIONARIO DE LA REGIÒN METROPOLITANA DE SALUD.
Se recibió Queja contra el Director de Relaciones Públicas de la Región Metropolitana de Salud, por presunto acoso laboral. Para lo cual se le solicitó un informe a la Ministra de Salud.
QUEJA CONTRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
Se atendió la queja interpuesta en contra de funcionarios del Ministerio de Salud, por presunta falta de sustento legal al levantar o mantener las restricciones sobre áreas comunes de Propiedad Horizontal. Se está analizando la respuesta que se ha recibido, a raíz de los informes solicitados.
MANUAL DE COMPRAS
Se recibió una denuncia contra la Dirección de Contrataciones Públicas, que guarda relación con el Manual de Procedimiento para Compras en Estado de Emergencia. En este expediente se han girado notas tanto a la Dirección General de Contrataciones Públicas como a la Contraloría General de la República.
Panamá, 12 de junio de 2020.
