En el Salón de Los Medallones del Ministerio de Gobierno, se llevó a cabo la primera reunión del año de la Comisión Interinstitucional, precedida por el ministro de Gobierno Carlos Rubio, a la cual asistió la Lcda. Cristina Díaz, jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales, en representación del Sr. Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro.
El ministro Rubio, inició haciendo un reconocimiento a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, por toda la labor en la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz; de igual forma, la directora de Resolución Alterna de Conflicto, licenciada Torres, presentó el Informe de Gestión, haciendo un resumen de los avances y desafíos de esta Justicia, destacando que a nivel nacional queda evidenciado que esta justicia de paz ha sido conocida por más de 1,615 ciudadanos, incluyendo Alcaldes y demás autoridades, es decir un 91%.
Por su parte, la Lcda. Cristina Díaz, hizo un reconocimiento a todas las instituciones involucradas en la implementación de la Justicia Comunitaria de Paz; reiteró la necesidad de articular esfuerzos entre las municipalidades y las instituciones para fortalecer el sistema de justicia comunitaria de paz. Asimismo resaltó los aportes que a través del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración llevó adelante por mandato de la Ley 16 de 2016, brindando el Curso Habilitante para Jueces de Paz, donde participaron más de 2,640 personas y aprobaron el curso a Jueces de Paz, 1,686 personas. Destacó la relevancia de seguir promocionando los medios alternos de solución de conflictos como una herramienta efectiva en la recomposición del tejido social.
En esta actividad se contó con la participación de la Lcda. Amileth Torres, directora de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC); la Lcda. Roxana Amaya por la Secretaría Nacional de Discapacidad, la Lcda. Cherty Mendieta, por Alianza Ciudadana Pro Justicia, y en representación de la Asociación de Municipios de Panamá, el Lcdo. Luis Cubilla.
Se concluyó en la necesidad de revisar la ley de descentalización de la Administración Pública, para incluir en el presupuesto de funcionamiento de las municipalidades, los fondos a ser utilizado por las Casas de Justicia de Paz; y agregó, la importancia de hacer cambios más prolijos a la Ley 16 de 2016.
