La Comisión Especial de Evaluación de las personas aspirantes al cargo de Magistrado/a de la Corte Suprema de Justicia, consciente de la crisis por la que atraviesan todos las estructuras de poder, particularmente la institución destinada a mantener el equilibrio entre los posibles abusos del poder y el predominio de la Justicia en un Estado Democrático de Derecho quiere compartir con la ciudadanía el perfil de Magistrado/a que nuestra Democracia y el Estado de Derecho requiere, para lograr la plena confianza de la ciudadanía en la institución llamada a brindar el servicio de administración de justicia.
El perfil ideal de un buen juzgador, es definida como el perfeccionamiento diario en el desarrollo de las siguientes virtudes judiciales: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad.
Sin desmeritar ninguna de las virtudes mencionadas en esta oportunidad queremos enfatizar en dos de estas: El sentido de Patria, de Nación de Estado y el Compromiso Social y reconocimiento de la comunidad.
llamadas a fortalecer el sentido institucional que le corresponde a todos y cada uno de los Magistrados y Magistradas que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es la dimensión política que deben desempeñar cada uno de los órganos del Estado, entendiendo política como el empeño por la búsqueda del Bien Común que es el Objetivo último del Estado. En síntesis, el perfil se orienta hacia un panameño o panameña que tenga un historial personal y profesional caracterizado por la integridad, la independencia, la ausencia de conflictos de intereses y un compromiso con la justicia.
Por lo dicho buscamos un Magistrado/a con una clara consciencia de su rol no sólo de fallar apegado a la justicia, sino su compromiso con el poder judicial.
La expresión ‘poder judicial’ tiene en el lenguaje jurídico dos sentidos principales: un sentido funcional: ‘el conjunto de los actos por los cuales son substanciados los procesos’ y un sentido orgánico: ‘un conjunto de tribunales que presentan ciertas propiedades estructurales’.
Los grandes problemas que debe enfrentar el poder judicial es la percepción ciudadana que ha perdido la confianza con nuestra administración de justicia, no es suficiente que la mayoría de los despachos judiciales estén dirigidos por jueces honestos, competentes, con que uno solo de los despachos sea señalado de corrupción, tráfico de influencia, o cualquier acto irregular, será suficiente para señalar que la Administración de Justicia es corrupta. Hay que hacer un trabajo para transformar el concepto de que cada tribunal es un pequeño feudo que no tiene que responder a nadie más que a la justicia, por una visión holística, institucional que comprenda que cada uno de sus fallos, además de resolver un conflicto particular, tiene una repercusión importante en la vida nacional, en la economía, en la cultura, en la salud, en la política en general.
“A los ojos de la sociedad que contempla el actuar de los jueces, el tema se resume a que el Juez no incurra en actos de corrupción, y aunque esa idea que implica una legítima esperanza de la sociedad no es errada, merece hacer ciertas anotaciones para poder comprender los alcances de ese anhelo social”.
La actividad jurisdiccional tiene dos funciones importantes una de carácter inmediata (resolver los litigios) y otra de carácter mediata que hace alusión al impacto en la sociedad.
LAS FUNCIONES INMEDIATAS: La primera función del Poder Judicial es resolver los litigios que son sometidos a su consideración. Esta es la forma más avanzada para la solución de conflictos, aún cuando no es la única. La evolución jurídica reporta tres grandes modelos de solución de conflictos: la autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. Los dos primeros se caracterizan porque la solución del conflicto depende de las partes; en el primero, de la correlación de fuerzas de entre éstas, en el segundo, de la renuncia de una de ellas a su pretensión.
Por otra parte, la heterocomposición recibe ese nombre, porque el litigio es resuelto por un tercero ajeno a la controversia. Se divide en varios tipos de medios de solución de conflictos, entre los que destacan el arbitraje y el proceso. De éstos, el más importante es el proceso. En este último, un órgano jurisdiccional del Estado tiene facultades para resolver el conflicto que una de las partes somete a su consideración, así como para imponer coactivamente su decisión. El proceso se desarrolla en el marco de un modelo denominado trilogía procesal, el cual es integrado por tres elementos: dos partes en conflicto y un juez imparcial que dirima la controversia.
LAS FUNCIONES MEDIATAS.
Como se mencionó líneas arriba, el ejercicio habitual de la función jurisdiccional tiene un impacto en la sociedad que va más allá de la solución de cada caso concreto. A este tipo de efectos, derivados de la cotidianeidad que resulta de la emisión y cumplimiento de las resoluciones judiciales, las denominamos funciones mediatas. Éstas se reflejan en dos efectos distintos: a) La creación y desarrollo del Derecho; y, b) El control social (que se manifiesta en distintas formas: regular y generar el cambio social, equilibrar a la sociedad y legitimar el sistema político).
Del total de aspirantes que han depositado su confianza en un proceso que busca ser transparente, imparcial e interesado en orientar a quienes tiene la responsabilidad constitucional de designar a quien ha de ocupar la vacante en la Sala II de lo Penal, lo pueda hacer con la mayor información posible del aspirante, pero también tomando en cuenta las aspiraciones de la ciudadanía que está reclamando una Administración de Justicia confiable y consciente del impacto, pretendemos encontrar para el bien del país a el Magistrado/a que contribuya al mayor control social y legitimar el sistema político comprometido con el Estado democrático de Derecho, y haya demostrado en su desempeño profesional la capacidad de enfrentarse al poder para evitar que se doblegue el sentido de justicia y se abandone a la ciudadanía a la indefensión jurídica de sus derechos, y el sistema judicial se convierta en una patente de impunidad de los poderosos.
Debemos evaluar su trayectoria y no evaluar sus virtudes.
