La Procuraduría de la Administración a través de la Secretaría Provincial de Chiriquí, Bocas del Toro, comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di, participó de un conversatorio jurídico y ético auspiciado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), organizado por la Defensoría del Pueblo de la Regional de Chiriquí y dirigido a los jueces de paz del distrito de David.
Katherine Gutiérrez, jefa occidental del Consejo Noruego para Refugiados dio palabras de apertura destacando que el NRC es una organización no gubernamental internacional, independiente, humanitaria, sin ánimo de lucro, establecida en 1946; siendo la única organización noruega especializada en trabajo internacional con población desplazada y refugiada; y que en alianza con la Defensoría del Pueblo y otras entidades del Estado panameño, buscan unir esfuerzos para garantizar y proteger los derechos humanos.
Marcia Caballero, jefa encargada de la Defensoría del Pueblo, de igual manera dio las palabras de bienvenida, destacando que dicha institución tiene como misión proteger, defender y promover el respeto de los derechos humanos; a través de la educación, el monitoreo, la investigación y supervisión de los actos u omisiones de la administración pública y de quienes presten servicios públicos en Panamá.
En este conversatorio se contó con la participación de los oficiales de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo entre ellos: Leisy Santamaría, José Luis Miranda, Luis Valdés y Jenny Quintero; aprovechando el evento para exponer las actividades de impacto que fueron realizadas en el año 2024 en temas relacionados al fortalecimiento de la Justicia Comunitaria de Paz.
Giuliano Mazzanti A, secretario provincial de la Procuraduría de la Administración, en su intervención generó un espacio de reflexión sobre los diversos retos y desafíos que de manera interinstitucional enfrenta la Justicia Comunitaria de Paz; es por ello que, se requiere que los actores involucrados en el fortalecimiento de esta jurisdicción especial, den todo su esfuerzo en el robustecimiento de esta justicia local, la cual este enfoque dará como resultado una administración de justicia comunitaria cada día más eficiente y confiable, centrada en la restauración de las relaciones vecinales y la reparación del daño, en donde los métodos alternos de resolución de conflictos sean un pilar fundamental dentro de este sistema.
Mazzanti, aprovechó el espacio para hacer entrega de una publicación de la Procuraduría de la Administración con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en apoyo a la gobernanza local y alianzas territoriales para el desarrollo sostenible y derechos humanos en la comarca Ngäbe Buglé, cuya obra contiene las normas legales, doctrina local y jurisprudencia nacional que gravitan sobre la Justicia Comunitaria de Paz.
Lina Michell Del Cid Pérez, abogada de la secretaría provincial, resaltó que además del apoyo que brindan las instituciones del gobierno central y local, para que se puedan alcanzar los objetivos de la Justicia Comunitaria de Paz; es necesario fortalecer el sentido moral y los principios éticos en el correcto ejercicio de la función pública; en el que el principal objetivo sea, el de promover las buenas prácticas dentro de la administración pública a través de las habilidades blandas.
