La Justicia Comunitaria, es una justicia especial ejercida por los jueces de paz y el mediador comunitario, a nivel de todo el país hay 464 jueces de paz y 36 mediadores, los cuales han tenido que enfrentar muchas vicisitudes como por ejemplo con la COVID-19; sin ningún tipo de apoyo, ni recursos por parte de su primera casa “los municipios”, así lo resaltó Cristina Díaz, jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales de esta institución.
Lo expresado por Díaz fue dentro del marco de la presentación oficial del libro “Justicia Comunitaria” que contiene la Ley16 de junio de 2016, “que instruye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria”.
En su amplia exposición la jefa de la Secretaría de Asuntos Municipales destacó que desde el 2005, el Pacto de Estado por la Justicia, tomó la iniciativa de promover reformas que coadyuvaran a la mejora integral del sistema de justicia y se planteó como prioritario en el área de acceso a la Justicia, la creación de la Jurisdicción de paz, en búsqueda de fortalecer el sistema, elevando la calidad del servicio, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de los principios del Estado de derecho.
Agregó que la Jurisdicción Comunitaria, es parte del sistema de justicia local, que busca a través de los mecanismos alternos a solución de conflictos; resolver las situaciones entre las personas por medio de un facilitador o tercero imparcial; esta justicia vino a suplantar la tradicional justicia administrativa de policía.
En el 2016, se aprueba la Ley 16, “Que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre Mediación y Conciliación Comunitaria”, que entró a regir doces meses después en el Primer Distrito Judicial, y a mediados de junio en el resto del territorio nacional, incluyendo a nuestras comarcas, indicó Díaz
En ese momento, se consideró la necesidad de un cambio, superando el viejo sistema del corregidor en su condición de autoridad de policía con mando y jurisdicción, muchas veces atados a los vaivenes de la política electoral, a la subordinación del alcalde, que además de nombrarlo tenía la facultad de intervenir en las decisiones de segunda instancia ante la apelación, añadió,
La Procuraduría de la Administración, expuso Díaz, ha venido acompañando este proceso de la justicia comunitaria, a través de sus 24 Centros de Mediación Comunitaria a nivel nacional, quien durante estos 10 años ha podido participar a través de la mediación comunitaria resolviendo más 13, 322 casos, lo cual nos dice que este mecanismo funciona. Adicional a ello, ha formado a más de dos mil personas en el curso de habilitantes a través de su Centro de Capacitación e Investigación “Alma Montenegro de Fletcher”.
Es complejo el reto, que se nos encomendó desde nuestra participación en la Comisión Interinstitucional, para tratar de avanzar en el tratamiento y mejoramiento de esta Justicia, sostuvo.
Al final se logró el objetivo y hoy lo estamos mostrando, enfatizó.
Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, resaltó la importancia de este libro y el trabajo realizado en la recopilación y actualización de su contenido por parte de la oficina de Asuntos Municipales y la colaboración brindada por la Agencia Española de Cooperación (AECID-Panamá) y del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES), en la publicación de este proyecto.
“Podemos decir con toda seguridad, Misión cumplida y se logró el objetivo a cabalidad” indicó el procurador González.
En el acto también estuvieron presentes Itziar González, coordinadora general en funciones de la AECID y Juan Moreno Lobón, representante del CIDES, quienes expresaron su satisfacción por el trabajo en conjunto y los logros alcanzados, en beneficio del país con proyectos de valor local y prácticos.
