La Secretaría Provincial de Darién y Panamá Este de la Procuraduría de la Administración, a cargo de la Licda. Yitzel Mendieta Jiménez, desarrolló una nueva jornada de capacitación, esta vez sobre el tema “La Acción Oportuna ante la sospecha de Violencia Doméstica y/o Maltrato Físico y Psicológico”, dirigida a funcionarios del sector salud, seguridad pública, entidades de socorro y del Ministerio de Desarrollo Social.
Esta actividad académica se organizó atendiendo las necesidades de capacitación del sector salud y del Ministerio de Desarrollo Social, que accionan oportunamente ante la sospecha de casos que puedan estar relacionados con la presunta comisión del delito de violencia doméstica,
El seminario fue impartido por el Magister Adonais Moya Valencia, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Metropolitana de Familia y se basó en la definición de los términos de violencia física, psicológica y patrimonial.
El fiscal Adonais también incluyó en su ponencia lo contemplado en la Ley 285 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y la Ley 149 que versa sobre la protección integral de las personas adultas mayores, enfatizando en lo normado en artículo 83 de la Ley 63 del 28 de agosto de 2008 (Código Procesal Penal), concerniente al formulario de informe de notificación por sospecha de violencia relacionada a delitos contra el orden jurídico familiar, integridad del personal, libertad sexual, niñez, adolescencia, adulto mayor y género.
Por su parte la Lcda Mendieta Jiménez, en su intervención explicó a los presentes que esta actividad tenía como uno de sus objetivos principales, profundizar en los deberes que le están obligado a cumplir a los funcionarios públicos y de las fórmulas para intercambiar experiencias y retroalimentarse con estas vivencias para lograr el mejor desempeño en el cumplimiento de las funciones como servidores públicos.
Esta iniciativa se efectuó en la Sala de Capacitación de la Secretaría Provincial de Darién y Panamá Este, con la asistencia de 35 servidores públicos, entre ellos psicólogos, trabajadoras sociales, funcionarios del MIDES y estamentos de seguridad.
