En el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, se llevó a cabo un acto del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) mediante el cual se realizó la firma de la Carta de Compromiso Ético, sumándose a la Red Interinstitucional de Ética Pública (RIEP), en la que se comprometen a mejorar y modernizar la cultura de la ética y las buenas prácticas.
La ocasión fue propicia para la instalación de la Comisión de Ética Pública y Transparencia del TACP, adoptando el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, la cual tendrá como objetivo impulsar el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos; asesorar al Pleno en materia de fomento de la ética, transparencia y lucha contra la corrupción; y formular y coordinar acciones de capacitación en la institución concernientes a la ética pública y la transparencia.
La Comisión es presidida por el magistrado Vocal, José Aranda Ríos, y los demás integrantes son: El secretario general, Alberto Vásquez; el director Administrativo, Marcelino Rivas; la secretaria de Impugnación, Aleyda Cantillo; la jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, Dianitza Franchi; la jefa de Asesoría Legal, Guadalupe Tejera; y el jefe de Compras, Dione García.
Se contó con la participación del procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, quien hizo varias reflexiones referentes a las normas y leyes éticas, y como los valores repercuten en la sociedad si son aplicados de manera responsable y correcta. En el acto también estuvo presente la licenciada Mónica Castillo Arjona, secretaria general de la Procuraduría de la Administración y colaboradores de ambas instituciones.
Por su parte, el magistrado presidente, Elías Solís González, al dirigirse a los presentes destacó la importancia de la ética pública y la transparencia para el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, un organismo creado por el Estado panameño en observancia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que mandata a los estados partes a adoptar las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, entre ellas, un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos.
