En atención a la necesidad de formar a los servidores públicos, en el abordaje de la gestión de Recursos Humanos, en relación con el acoso laboral y la discriminación, y la importancia de construir culturas organizacionales, que tengan como base el respeto a la diversidad humana y el rechazo a toda forma de violencia contra las personas, el departamento de Ética y Gestión Pública del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, concluyó el diplomado virtual “Gestión de recurso humano, discriminación y acoso laboral”
El diplomado, con 105 horas clases, cuenta con el aval de la Universidad de Panamá, y se desarrolló, del 15 de abril al 16 de junio de 2024, cerrando con 13 personas egresadas, de las cuales 9 (69%) fueron mujeres y 4 (31%), hombres. El programa académico fue impartido por la Mgter. Lilia Salcedo de Morales, especialista en recursos humanos y docente universitaria, así como por la Mgter. Zagrario Pérez, abogada, especialista en derechos humanos y también, docente universitaria.
Este programa que se realizó por cuarto año consecutivo, tiene el objetivo de que los servidores públicos cuenten con las herramientas conceptuales, teóricas y prácticas, para que, a través de la gestión de Recursos Humanos, entre otras áreas, puedan desarrollar acciones preventivas de estas conductas, pero también, para llevar adelante los procesos de elaboración de protocolos y manuales, que permitan identificar, atender, investigar y sancionar la discriminación y el acoso laboral.
Los participantes en el diplomado, procedían de diversas entidades gubernamentales, tales como: Universidad Marítima Internacional de Panamá, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Gobierno, Contraloría General de la República, Órgano, Judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de Fronteras y Ministerio de Economía y Finanzas.
El diplomado, corresponde a las acciones de capacitación programadas para el año 2024, en cumplimiento de la misión de la Procuraduría de la Administración, de coadyuvar a que la Administración Pública desarrolle su gestión con estricto apego a los principios de legalidad, calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y moralidad en la prestación de los servicios públicos.
