En el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración se realizó la conferencia magistral “La anulación de los contratos administrativos afectados por actos de corrupción”.
Se contó con la participación como expositor del Dr. Carlos Aymerich Cano, quien es profesor titular de Derecho Administrativo y secretario general de la Universidade da Coruña (España); su actividad investigadora se desarrolla en el ámbito del derecho de la contratación pública, de la organización territorial del Estado y del impacto y control de las políticas de austeridad.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Mgtr. Mónica Castillo Arjona, secretaria general de la Procuraduría de la Administración, quien manifestó que: “Estoy plenamente convencida que será de gran satisfacción para todos los presentes, en el entendido que nos permitirá analizar esta problemática, sin olvidarnos de aspectos de gran trascendencia que susciten en la esfera administrativa y que dependen de compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de la lucha contra la corrupción”.
Esta conferencia se llevó a cabo con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre el impacto económico de los contratos públicos afectados por la corrupción y la importancia de exigir a la administración pública las soluciones que aseguren una gestión eficiente y libre de corrupción.
La conferencia estuvo dirigida a asesores legales del Estado, y abogados litigantes. Asistieron también, el procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro; la subsecretaria general, Mgtr. Cecilia López Cadogan; la directora del Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, Licda. Ingrid Chang; de igual manera, se contó con la asistencia del cónsul general del Reino de España, Joan Borrell; el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez; el Licdo. Abel Zamorano, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; el Licdo. Elías Solís, magistrado del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas; el Licdo. Allan Poher, magistrado del Tribunal Administrativo Tributario; las fiscales Anticorrupción, Vielka Broce y Tania Sterling, entre otras autoridades.
