El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro junto a la secretaria general, Mónica Castillo Arjona, rindieron el Informe de Gestión del año 2020 a los integrantes del Comité Ejecutivo de esta institución donde destacaron, entre varios temas, incrementos en la atención de quejas, denuncias e investigaciones de oficios dentro de los términos establecidos y el ahorro de 42.2 millones de dólares al Estado en concepto de sentencias favorables en materia de plena jurisdicción e indemnizaciones ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y 3,7 millones en concepto de apelaciones ganadas en etapa de admisibilidad, lo que representa un beneficio total para el Estado panameño que redunda en 46 millones de dólares .
Durante su intervención el procurador González Montenegro, resaltó la labor de los funcionarios de la institución por el trabajo realizado durante este año a pesar de las situaciones generadas por la pandemia que se enfrenta por el Covid-19.
“Ha sido un año de retos, donde hemos afrontado momentos difíciles, pero se han logrado los principales objetivos” destacó.
Hizo un llamado a mantener el compromiso de laborar con solidaridad y respeto a las responsabilidades en beneficio de la sociedad y el buen cumplimiento de sus deberes como servidores públicos.
Por su parte, Castillo Arjona, quien fue la encargada de explicar los resultados de la labor realizada durante este año, señaló que se ha logrado cumplir con el 90% de la ejecución presupuestaria de los 5.8 millones asignados a la institución para funcionamiento y el 95 % de inversión dentro de la actual vigencia fiscal.
La secretaria general y procuradora de la administración, suplente resaltó que a pesar de la dificultades laborales que ha provocado la pandemia, la institución continúo brindando sus funciones ofreciendo como unas de sus alternativas la oferta virtual liderizada por el Centro de Capacitación, quien a través de las plataformas digitales de la entidad, desarrolló 57 actividades presenciales con mil 956 beneficiados, 85 conferencias y 6 cursos virtuales, que registraron mil 132 participantes y 16 mil 409 visitas.
Hizo énfasis en los mil 931 casos atendidos durante este año por los Centro de Mediación Comunitaria, de los cuales mil 302 fueron de procedencia voluntaria, lo que representa el acercamiento y confianza de la ciudadanía con la labor que desarrollan los mediadores para la solución de conflictos vecinales.
También ponderó el incremento positivo de las acciones realizadas por las secretarias provinciales, donde dijo que este año se atendieron 25 quejas, 2 denuncias, se abrieron 27 investigaciones de oficio y 20 consultas más en comparación al 2019.
Sobre la labor de las Secretarias de Asuntos Municipales sostuvo que reflejaron un aumento sustancial de 40 quejas atendidas, lo que representó un incremento de 17 más que el 2019, de las cuales 33 fueron acogidas. Se realizaron además 11 asistencias técnicas con 76 beneficiados; 286 orientaciones ciudadanas y 536 consultas telefónicas y personales.
Informó que la Secretaría de Consultas y Asesorías Jurídicas recibieron 166 consultas de las cuales se tramitaron hasta noviembre de este año 147 de ellas, quedando solo 19 pendientes, lo que representó un incremento de 23 casos más atendidos que el período anterior.
Adicional dio a conocer que este despacho registró 31 denuncias atendidas, 10 de ellas fueron cerradas, 14 en trámites, un desistimiento y una acumulada y 10 investigaciones oficiosas con 4 cerradas, sin méritos para abrir investigación y 6 abiertas.
Finalmente, la secretaria general brindó un informe del avance de algunos de los logros y proyectos de la institución como el RAAP, que permite en tiempo real todos los registros de abogados y el REPCE, que tiene que ver con los registros estadísticos de los procesos contra el Estado. Adicional la implementación de una nueva plataforma, más moderna e interactiva que contiene la base de datos de normas como también de jurisprudencia, conocida como Infojurídica; así como el desarrollo y puesta en marcha del procedimiento telemático por parte de la Procuraduría de la Administración, en materias como mediación, y en la tramitación de quejas y denuncias en relación con la conducta oficial de los servidores públicos, entre otros grandes avances.
