La Comisión Especial de Evaluación nombrada por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, para el proceso de evaluación y entrevistas de los aspirantes a magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entregó la mañana del viernes 4 de octubre de 2019 el informe final con las consideraciones de los 129 abogados inscritos, los 123 entrevistados y por último el listado de 32 aspirantes con el perfil para cubrir las vacantes en el máximo organismo de justicia.
El acto que se escenificó en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, contó con la participación de los miembros de esta comisión cuyo vocero Carlos Lee informó al jefe del Ejecutivo, que todos los aspirantes cumplen con los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución.
Seguido se explicó al presidente Cortizo Cohen el método acordado para definir la lista de consideraciones, producto de la presentación de aspirantes por cada organización que conformó esta comisión, aspirantes que a consideración de los representados y de manera independiente reúnen el perfil.
Los aspirantes con mayores coincidencias pasaron a lista final, cuyo resulta se presentó en este informe por orden alfabético del apellido paterno de cada aspirante.
Por su parte el presidente Cortizo Cohen se comprometió en escoger a “los mejores” para los cargos de magistrados principales y suplentes y éstos saldrán de la lista de aspirantes que entrevistó la comisión instalada por los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, de la que es coordinador el Procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro.
Esta comisión evaluó durante nueve días a 123 aspirantes que se presentaron a la fase de entrevistas de 129 que inicialmente se inscribieron (cinco presentaron su renuncia y una aspirante no pudo ser contactada) como parte de la convocatoria pública.
Forman parte de esta comisión representantes de los tres órganos del Estado, la Procuraduría de la Administración (PA), la Procuraduría de la Nación (PGN), la Defensoría del Pueblo, Consejo de Rectores (Decanos de Facultad de Derecho), el Consejo de Trabajadores Organizados (Conato), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y del Comité Ecuménico quien fungió como garante de la transparencia del proceso.
