Mediante el Decreto Ejecutivo N° 378 de 24 de agosto de 2016, se establece la creación de las Comisiones Codificadoras para la elaboración del Código Procesal Constitucional y del Código Procesal Contencioso Administrativo, con el propósito de generar proyectos de códigos que regulen los procesos constitucionales y contenciosos- administrativos.
Las reuniones de llevaron a cabo en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, con el apoyo del procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro y la secretaria general Mónica Castillo Arjona.
Los objetivos que guiarán la redacción del Código Procesal Constitucional incluyen, entre otros: promover el acceso a la justicia constitucional, la agilización de los procesos, la garantía de la oralidad y la intermediación en los procesos constitucionales el fortalecimiento de la publicidad y la transparencia, la dotación de medidas provisionales y procedimientos de ejecución eficaces, la articulación con la jurisdicción contenciosa administrativa, la garantía de los derechos individuales y colectivos, así como la normalización del impacto de los instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos en los procesos constitucionales.
Los objetivos que guiarán la relación del código procesal contencioso administrativo incluyen, entre otros: promover el acceso a la jurisdicción, la simplificación de los recursos, la agilización de los procesos contenciosos administrativos, la introducción de la oralidad, la promoción de la transparencia y la publicidad, la dotación de medidas provisionales procedimiento de ejecución eficaces, una mejor articulación con los procesos constitucionales, la garantía de los Derechos individuales y colectivos, así como la normalización del impacto de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos en los procesos contenciosos administrativos.
Las comisiones tendrán un periodo de seis meses desde la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo, para entregar los textos respectivos a la Comisión de Estado por la Justicia.