La especialista en Derechos Humanos, penal y procesal penal con énfasis en delitos de violencia por motivos de género, sexuales, femicidio y otras formas de discriminación contra la persona, Maruquel Castroverde, fue designada por el procurador de la Administración, Rigoberto González, como directora de la recién creada Oficina de la Mujer en esta institución.
Castroverde, con 30 años de experiencia en la Procuraduría General de la Nación, también ha laborado en programas de métodos alternos de solución de conflictos y en criminología.
Ejerció los cargos de Fiscal Superior Coordinadora de la Sección de Homicidios y Femicidios de San Miguelito, directora de la Escuela del Ministerio Público, Secretaria de Derechos Humanos, Acceso a Justicia y Género, Fiscal Superior Coordinadora de la Sección de Asistencia a Juicio en Delitos Comunes de la Fiscalía Metropolitana, Fiscal Superior Anti-Corrupción, Fiscal Superior de Asuntos Civiles, Subsecretaria general, Fiscal de Circuito en la especialidad de delitos contra la libertad e integridad sexual y asistente de Fiscal.
La directora de la Oficina de la Mujer de esta institución recibió la medalla conmemorativa de los 100 años del Primer Movimiento Feminista en Panamá por su trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas víctimas de violencia; también recibió esta distinción como Mujer Destacada del Año en 2015 por la Defensoría del Pueblo, reconociendo su labor por las personas en especial condición de vulnerabilidad ante las distintas formas de vulneración de sus derechos humanos y en el año 2005, fue distinguida en el programa “Mujeres cambiando Panamá”, de la Embajada de los Estados Unidos, por su gestión en la elaboración de la Ley 16 de 2005 contra la explotación sexual de mujeres y niños y su activismo por la prevalencia de los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal.
La Oficina de la Mujer de la Procuraduría de la Administración, fue creada mediante Resolución No. PA/DS-066-2024 de 21 de junio de 2024, con el objetivo, entre otros, de garantizar la equidad de oportunidades de las servidoras pública, mediante la creación y desarrollo de mecanismos y procedimientos institucionales que permitan la implementación de las políticas de igualdad de género y las buenas prácticas antidiscriminatorias con el fin de alcanzar el desarrollo integral de la mujer en su entorno laboral.
