Este convenio tiene como objetivo principal, establecer vínculos institucionales entre la Procuraduría de la Administración y el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), para organizar y ejecutar, de manera conjunta acciones de capacitación y formación dirigida a los servidores públicos.
Dentro de los alcances destacan propiciar el intercambio de funcionarios de ambas instituciones a efecto de participar en conferencias, cursos, estancias, y compartir experiencias en investigación y docencia; así como también establecer un programa de intercambio de información, documentación, publicaciones, equipo y material audiovisual de índole académica producido por cada una de las partes.
El procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, manifestó su satisfacción e identificación con las autoridades de este Tribunal, como también su compromiso en llevar a cabo el desarrollo de este convenio, ya que con ello se materializan los principios y valores de ambas instituciones, también destacó, que los servidores públicos juegan un papel muy importante en la comunidad y deben mantener y salvaguardar la credibilidad institucional.
Por su parte, el magistrado presidente Elías Solís González, señaló que la Procuraduría de la Administración y el Tribunal, comparten un objetivo común, por cuanto esa entidad tiene como visión procurar la legalidad, la competencia y la ética en las actuaciones de los servidores públicos, mientras que el TACP fue creado para asegurar y garantizar la ética y transparencia en los procedimientos de selección de contratistas y en las contrataciones públicas en general. Agregó que con la firma de este convenio se establece una adecuada línea de comunicación y coordinación reciproca para el desarrollo de ambas instituciones, lo que a su vez coadyuva a fortalecer el estado democrático de derecho, especialmente a través de las capacitaciones de nuestros servidores públicos, tema prioritario para los magistrados.
En este acto estuvieron presentes, la secretaria general, Mónica Castillo Arjona y por parte del TACP, el magistrado vicepresidente, Diógenes de la Rosa Cisneros, el magistrado vocal, José Aranda Ríos, el secretario general, Alberto Vásquez, la jefa de asesoría legal encargada, Nelsie González, el director administrativo encargado, Dione García; por parte de la Procuraduría de la Administración, estuvo presente
